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Ley 2573 de 2026: el proyecto de circular de la SIC propone cómo debe verificar su empresa la identidad de quien compra a crédito

Santiago Otero, abogado de Hernández & Abogados
Hernández & Abogados ·

La SIC publicó un proyecto de circular que propone cómo verificar la identidad de quien compra a crédito, según la Ley 2573 de 2026. Qué exige y cómo prepararse.

El 6 de noviembre de 2026 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó para comentarios un proyecto de circular externa que fija cómo deben verificar la identidad de sus clientes las empresas que venden a plazos, financian bienes o abren créditos a personas naturales, en desarrollo del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 2573 de 2026. Los comentarios se reciben del 7 al 21 de noviembre de 2026.

Puntos clave

  • El proyecto de circular de la SIC publicado el 6 de noviembre de 2026 desarrolla el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 2573 de 2026: protocolos para la plena identificación de quien adquiere bienes o servicios.
  • Según el proyecto, la vinculación de un nuevo cliente exigirá al menos dos mecanismos de verificación de identidad independientes entre sí; además, el borrador exige un análisis de riesgos documentado.
  • El borrador prohíbe condicionar la venta al suministro de datos biométricos, que la Ley 1581 de 2012 clasifica como datos sensibles, y exige ofrecer una alternativa de verificación.
  • Tal como está redactado, el proyecto haría exigibles las instrucciones desde el 1 de julio de 2027, para las operaciones que se inicien desde esa fecha.

¿A qué empresas aplica el proyecto de circular de la SIC sobre verificación de identidad?

A los operadores de telecomunicaciones, a las entidades crediticias o financieras y a las demás personas naturales o jurídicas que, en el giro ordinario de sus negocios, originen obligaciones dinerarias o celebren contratos de mutuo, apertura de crédito, financiación o similares con personas naturales, siempre que no estén vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la práctica, eso alcanza al comercio que vende a plazos con financiación propia y a cualquier empresa que otorgue cupos de crédito a personas naturales.

El fundamento está en la ley. El numeral 1 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y/o crediticias "y demás establecimientos comerciales con esta competencia" a "adoptar las medidas de seguridad digital suficientes y razonables necesarias para establecer la veracidad de la identidad de las personas y los documentos presentados para adquirir sus productos y/o servicios". El parágrafo 1 del mismo artículo ordenó a la SIC y a la Superintendencia Financiera reglamentar protocolos que incluyan "mecanismos, herramientas y metodologías idóneos que permitan la plena identificación del potencial adquirente".

Por qué este borrador importa más de lo que parece

El parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2573 de 2026 dispone que, si se verifica el incumplimiento de "los lineamientos, recomendaciones y protocolos de seguridad expedidos por las autoridades competentes" y el titular pidió la corrección manifestando ser víctima de suplantación, procede la suspensión de la gestión de cobranza, la modificación del reporte en las centrales y la devolución de los dineros o la eliminación de las acreencias objeto de defraudación. El artículo 13 de la ley dispuso que ese parágrafo rige desde la promulgación. Eso sí, el parágrafo se refiere a protocolos expedidos, y este todavía es un borrador cuyas instrucciones solo serían exigibles para operaciones iniciadas desde el 1 de julio de 2027.

El propio proyecto lo dice sin rodeos: sus instrucciones "constituyen, por tanto, uno de los referentes para valorar la diligencia de los sujetos obligados en la verificación de la identidad del potencial adquirente". Poder mostrar con soporte documental que su empresa siguió el protocolo será la mejor defensa.

A eso se suma el principio de carga dinámica de la prueba del literal d del artículo 2 de la misma ley: "Tendrá obligación de probar la parte que mejor se encuentre en condiciones de hacerlo". Ya analizamos qué ocurre con el cobro cuando el deudor alega suplantación en nuestro artículo sobre la Ley 2573 de 2026 y el cobro de cartera.

¿En qué operaciones tendría que verificar la identidad su empresa?

Según la instrucción 4 del proyecto, como mínimo en tres grupos: la vinculación de un nuevo cliente y la apertura de productos que generen obligaciones económicas, como créditos, financiación de bienes y ventas a plazos; las operaciones que se consideren de alto riesgo, y las demás que su propio análisis de riesgos identifique como de riesgo relevante de suplantación.

La lista de operaciones de alto riesgo es la que más puede sorprender a las áreas comerciales, porque incluye trámites, varios de los cuales no generan deuda por sí mismos: el cambio de titular de un producto, la actualización de los datos de contacto o de los canales donde el cliente recibe notificaciones y códigos, la recuperación de credenciales de acceso, la vinculación de un nuevo dispositivo y el aumento del cupo o del monto de una obligación.

Qué mecanismos acepta el proyecto y cuáles no bastan

La instrucción 5 enumera, entre otros, el cotejo biométrico contra el documento oficial o contra la fuente oficial a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los códigos de un solo uso, la verificación documental de autenticidad, la lectura del chip del documento, los certificados de firma digital y la verificación presencial por personal capacitado.

El proyecto también señala lo que no constituye, por sí solo, un mecanismo de verificación:

  • la fotografía o copia del documento sin verificación de su autenticidad;
  • el suministro de datos estáticos, como el número o la fecha de expedición del documento;
  • las contraseñas de un solo uso enviadas a canales cuya titularidad no se haya verificado;
  • el cotejo facial sin prueba de vida.

Si hoy su proceso de venta a crédito se apoya solo en la foto de la cédula y un código enviado a un celular cuya titularidad no se ha verificado, el proyecto no lo considera, por sí solo, verificación de identidad.

Dos mecanismos, tres niveles de riesgo y un expediente por operación

La instrucción 6 exige que, en la vinculación de un nuevo cliente, se empleen "al menos, dos mecanismos independientes entre sí". En las demás operaciones de la instrucción 4, usar al menos dos mecanismos que comprueben factores de categorías distintas se considera una buena práctica.

La instrucción 7 obliga a contar con un análisis de riesgos de suplantación documentado y a disposición de la SIC cuando lo requiera. Ese análisis debe considerar, como mínimo, el tipo de producto y el monto, el canal, la relación previa con el titular, su perfil y comportamiento habitual, las señales del dispositivo y de la red, los eventos recientes de la cuenta, el historial de reportes de suplantación y la población a la que se dirige el servicio. Con esa base, las operaciones deben clasificarse en al menos tres niveles de riesgo, y para un mismo nivel la verificación en canales no presenciales debe ser al menos igual de exigente que en los presenciales.

La instrucción 11 exige un expediente de verificación por operación, que permita reconstruir los mecanismos usados, su resultado, la fecha y la hora, el canal y el proveedor. Según el proyecto, ese expediente se conservaría durante un término mínimo de tres años contados desde la terminación del producto o servicio; los documentos que soportaron la aprobación, durante diez años en los términos del artículo 28 de la Ley 962 de 2005, y ambos, más tiempo si hay reclamación por presunta suplantación.

Datos biométricos: la línea roja del borrador

El artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 incluye los datos biométricos entre los datos sensibles, y el artículo 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de 2015 dispone que "ninguna actividad podrá condicionarse a que el Titular suministre datos personales sensibles". En esa línea, la instrucción 8 del proyecto establece que no se podrá condicionar la adquisición de un bien o servicio al suministro de datos biométricos.

Antes de recolectarlos, el proyecto exige informar que su suministro es facultativo y ofrecer al menos una alternativa de verificación "real, efectiva y accesible". El borrador admite que esa alternativa implique un canal distinto, un mayor tiempo de respuesta o, cuando el análisis de riesgos lo justifique de manera objetiva, condiciones distintas en la obligación, como un monto inicial menor. Solo por excepción, acreditándolo en el análisis de riesgos, podría exigirse biometría en un canal y para una población determinados, y el proyecto advierte que solo se justificaría ante la absoluta imposibilidad de cumplir mediante medidas menos gravosas.

Proveedores, verificaciones fallidas y decisiones automatizadas

Tres reglas más del proyecto:

  1. El proveedor no asume su responsabilidad. La instrucción 12 dispone que contratar a un tercero para verificar identidad "no traslada a ellos la responsabilidad del sujeto obligado".
  2. Sin verificación suficiente, no hay venta. Según la instrucción 15, si un mecanismo falla, no es concluyente o no está disponible, no puede sustituirse por uno menos robusto: hay que aplazar la operación o aplicar una combinación alternativa de confianza equivalente. Si no es posible alcanzar el nivel exigido, la empresa debe abstenerse de originar la obligación.
  3. Revisión humana. La instrucción 16 exige informar al solicitante el resultado desfavorable de una verificación automatizada y sus motivos, sin revelar detalles de los controles de seguridad. Si ese resultado le impide acceder al bien o servicio, el solicitante tendrá derecho a que una persona revise el caso o a verificar su identidad con un mecanismo alternativo equivalente.

¿Qué debe hacer la empresa mientras el proyecto está en consulta?

Revisar su proceso de venta a crédito contra el borrador y, si alguna exigencia resulta inviable, presentar comentarios a la SIC a más tardar el 21 de noviembre de 2026. El texto puede cambiar, pero el deber de fondo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 2573 de 2026 no depende de la circular.

Como el proyecto haría exigibles sus instrucciones desde el 1 de julio de 2027, hay tiempo para preparar. Una hoja de ruta razonable:

  1. Inventariar cada canal donde su empresa origina obligaciones con personas naturales.
  2. Elaborar el análisis de riesgos de suplantación con los tres niveles mínimos y asignar mecanismos a cada uno.
  3. Ajustar los contratos con los proveedores de verificación de identidad.
  4. Definir dónde y cómo se conservará el expediente de verificación de cada operación.

Si su empresa vende a plazos o financia directamente a sus clientes, nuestro equipo de derecho comercial puede revisar con usted el proceso de vinculación y los comentarios al proyecto. Agende una reunión por Microsoft Teams.

Preguntas frecuentes

¿Ya es obligatoria la circular de la SIC sobre verificación de identidad?

No. Es un proyecto publicado para comentarios del 7 al 21 de noviembre de 2026 y su texto puede cambiar. Tal como está redactado, regiría desde su publicación en el Diario Oficial, pero sus instrucciones serían exigibles desde el 1 de julio de 2027, para las operaciones que se inicien desde esa fecha.

¿Puedo exigir reconocimiento facial para vender a crédito?

No como condición general. La Ley 1581 de 2012 clasifica los datos biométricos como sensibles, el Decreto 1074 de 2015 impide condicionar cualquier actividad a su suministro y el proyecto de la SIC lo reitera: exige informar que son facultativos y ofrecer una alternativa de verificación real, efectiva y accesible.

¿Basta con pedir la foto de la cédula y enviar un código al celular?

Según el proyecto, no. La fotografía o copia del documento sin verificar su autenticidad no constituye por sí sola un mecanismo de verificación, y tampoco el código enviado a un canal cuya titularidad no se haya verificado. Para vincular un nuevo cliente, el borrador exige al menos dos mecanismos independientes entre sí.

¿Qué arriesga mi empresa si no sigue los protocolos?

El parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 2573 de 2026 prevé que, si se verifica el incumplimiento de los protocolos de seguridad y el titular pidió la corrección alegando suplantación, procede suspender la cobranza, modificar el reporte en las centrales y devolver los dineros o eliminar las acreencias objeto de defraudación.

Este artículo tiene carácter informativo y no constituye concepto jurídico formal. Para una asesoría específica sobre su caso, le invitamos a contactar a nuestro equipo.

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